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Tanto los ingenios productores de azúcar como los que se dedican a la producción de bioetanol (biocombustible con origen en la caña de azúcar) expresaron su rechazo a las medidas dispuestas por el Gobierno, al considerarlas discriminatorias.

Así lo calificó en primer lugar el Centro Azucarero Argentino (CAA), entidad que agrupa los ingenios azucareros del país, al evaluar la medida que prevé incrementar impuestos internos a las bebidas azucaradas.

Específicamente, consideró que el salto en dicho gravámenes se incrementarán en “proporciones irrazonables”: 112% sobre la alícuota vigente en el caso de aumentos del 8% al 17%, y 325% para los productos saborizados con jugos de fruta. “La medida es claramente discriminatoria en contra del azúcar ya que, en tanto incrementa significativamente los gravámenes sobre bebidas con azúcar, insólitamente elimina impuestos internos que gravaban a las que utilizan edulcorantes sintéticos llevándolos a 0%. Se está promoviendo una sustitución de insumos nacionales (edulcorantes calóricos) por importados (edulcorantes sintéticos)”.

En un sentido similar se expresó la Cámara Argentina de Alcoholes, aunque su rechazo proviene de la reducción que, por resolución del Ministerio de Energía (RES 435-E/2017), decidió bajar el precio del biocombustible “unilateralmente” en un 29%. “Es un golpe brutal al sector productor”, estimaron. Destacaron que la medida atenta contra el principio de seguridad jurídica, por las inversiones ya realizadas, y manifestaron que la modificación supone una contradicción con el objetivo del Plan Belgrano: “La baja del precio generará millonarias pérdidas al NOA, que se trasladarán a los más de 6000 cañeros, proveedores, contratistas, trabajadores de la industria”, expresó Jorge Rocchia Ferro, Vicepresidente de la entidad. En ambos casos, estimaron que las medidas podrían generar pérdidas de puestos de trabajo, como en el caso de las bebidas con azúcar, cuya merma en el consumo podría incidir en una reducción estimada de 5000 puestos en el sector azucarero.

Para el CAA, la “discriminación” surge del preconcepto del ministro de Hacienda al caracterizar a estas bebidas como “perjudiciales para la salud”, además de considerarla con un “claro corte recaudatorio”.

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