Pocas provincias y municipios se adhirieron al decreto de Macri por la prohibición de familiares en el estado

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El decreto de Mauricio Macri para depurar de familiares el Gobierno tuvo una adhesión más baja de la esperada. La medida, que buscó cerrar la crisis en torno al ministro Jorge Triaca, apuró algunas renuncias en el gabinete nacional pero el contagio en otros dominios fue escaso: a una semana del anuncio, pocas provincias y municipios se plegaron al “cepo” de parientes.

María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta tardaron un día en hacerlo y, según supo Clarín, hubo conversaciones con Casa Rosada para que metan ruido con su respaldo. Un dato adicional: a horas de conocida la medida, ni Vidal ni Larreta parecían darle importancia al tema.

Luego se sumaron intendentes bonaerenses. Jorge Macri, el primo del presidente que gobierna Vicente López; más Diego Valenzuela (Cambiemos, 3 de Febrero) y Ariel Sujarchuk (PJ, Escobar), que paradójicamente habían sido criticados por poner a sus esposas como candidatas en 2017, a senadora provincial y a diputada nacional respectivamente.

Pero, del otro lado, la lista es más numerosa: Córdoba y Santa Fe rechazaron el planteo y ni siquiera los otros tres gobiernos de Cambiemos, Mendoza, Jujuy y Corrientes, se subieron a la cruzada anti familiares que, todos coinciden, es puramente gestual.

Desde Córdoba, Schiaretti dio una razón que otros abrazaron: las designaciones “jamás” se hicieron “por parentesco” sino “por capacidad”. En las provincias, sobre todo las más chicas, suman otro argumento referido a que por cantidad de población son más habituales los parentescos.

Miguel Lifschitz, mandatario de Santa Fe, no solo no se plegó a la medida sino que la consideró una acción de “marketing”.

El Gobierno no hará pedidos puntuales ni reclamará que los gobernadores adhieran. Tampoco, a diferencia de otros compromisos como el Pacto Fiscal, está contemplado que haya “sanciones” contra las provincias que no se pongan en sintonía.

En Casa Rosada dicen la adhesión fue mayor en otros aspectos. En rigor, hubo un triple anuncio -además de los familiares, “congelar” los salarios y bajar el “gasto político”-, acciones que tuvieron más respaldo aunque en muchos casos ya habían sido aplicadas por las provincias.

A fines del año pasado, por caso, el salteño Juan Manuel Urtubey firmó un decreto que redujo cargos y congeló los salarios hasta diciembre de 2018. Vidal y Larreta, también antes que Macri, achicaron la estructura en la Provincia y CABA.

Gerardo Morales, en Jujuy, dijo que planea reducir la estructura pero no se puso en línea con Nación sobre la purga de familiares, lo que implicaría tener que sacar a su hermano Héctor Fredy Morales de la Secretaría General de la gobernación. Al jujeño le imputan una lista larga de parientes en el Estado.

El mendocino Alfredo Cornejo explicó que cuando asumió congeló el “ítem” de su salario y que redujo hasta un 35% la estructura y anticipó que habrá “concursos” para los cargos de la administración pública. Una hermana del gobernador es funcionaria en la Dirección de Escuela y su esposa tiene, desde antes de que asumiera su marido, un cargo en el Instituto de Desarrollo Rural.

En provincia de Buenos Aires, luego del anuncio de Vidal de “replicar” el decreto nacional quedaron varios casos bajo la lupa y no replicaron la “purga” de familiares. En Mar del Plata, el intendente de Cambiemos Carlos Arroyo se opuso al aplicar la medida en su distrito. No es el primer cortocircuito entre el alcalde y la gobernación.

Otro de municipio de Cambiemos que rehusó poner en marcha la purga de familiares fue Quilmes, donde Martiniano Molina, tiene como secretario General del municipio a su hermano Tomás.

FUENTE: clarin.com


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